Nuevamente la Comunión Tradicionalista Carlista celebra su reunión anual a los pies del monumento al Corazón de Jesús el sábado previo a la fiesta de Cristo Rey. Un baño en la fuente de la legitimidad. No podía ser de otra manera, a pesar de las incomprensiones y los malentendidos. A pesar de las modas y de las concesiones a la secularización, a la globalización, a los consensos interculturales y al llamado nuevo orden mundial. 

Sólo siendo seguros en nuestros cimientos doctrinales, nos podemos permitir todos los diálogos que hagan falta y todas las aperturas generosas que haya que acometer.

Además de buscar como el que más el protagonismo de las personas organizadas en sus estructuras naturales en la gestión de los asuntos públicos, somos decididamente legitimistas. Ser legitimistas en el siglo XXI no es empeñarse en que la genética determine quién haya de ceñir la corona. Es algo más serio: se trata de que en política como en cualquier otro sector de la vida del hombre solo o asociado, todo se haga como Dios manda. Adecuando instituciones y leyes a “lo justo político”. Que la acción de gobierno busque por encima de todo el bien común. Y ese bien común no se puede encontrar fuera de la ley natural. Y la ley natural implica una ética humana iluminada por quien ha recibido la capacidad y la responsabilidad de iluminar: la Iglesia Católica a través de su magisterio auténtico. Y “lo justo político” ha de integrar también la Tradición constitucional de España, de las Españas, que no surgen de la nada sino que reciben una herencia susceptible de depuración y perfeccionamiento.

Por eso Álvaro d’Ors decía del carlismo que era la lealtad que intentaba convertir la legitimidad en legalidad. No vale para nosotros que las leyes sean votadas y los legisladores elegidos según ciertas formalidades externas. Es necesario que el reflejo de Dios no sea desplazado de la cosa pública, porque la experiencia ha demostrado que la ausencia de Dios produce una política antihumana. Y el olvido de la experiencia de generaciones precedentes aumenta el riesgo de mimetismos y calcos ideológicos.

El respeto a la misión magisterial de la Iglesia no tiene por qué conllevar el confiar a sus jerarcas competencias temporales que les son ajenas, fuera de los ámbitos para los que tiene asistencia sobrenatural especial. La historia de España y dentro de ella la del carlismo muestra las virtudes de una sana colaboración y los riesgos de los excesos y desviaciones.

No es misión de un grupo político entrometerse en controversias teológicas. Bastante trabajo tenemos tratando de resolver los problemas de la convivencia social y las necesidades de subsistencia y desarrollo.

Pero es función nuestra como católicos en la vida pública proyectar en ella la luz del Evangelio interpretada por la Iglesia, pero llevada bajo nuestra responsabilidad a un nivel de concreción suficiente para que surta efectos prácticos.

Nuestro proyecto político puede atraer a personas situadas fuera de los lindes de la fe. Pero su colaboración, condicionada por la aceptación previa de fundamentos y consecuencias, no puede desvirtuar la claridad y coherencia del trabajo emprendido.

Nuestra Patria vive momentos de angustia en los que su misma supervivencia está en riesgo. Angustia de muchos españoles de no poder vivir dignamente. Sus carencias no se solucionan con exaltaciones nacionalistas ni con prédicas que invocan el nombre de Dios en vano. La fe que hemos recibido y que tratamos de encarnar en nuestra acción política nos ha de llevar a una máxima entrega en la lucha por la justicia.

El modelo de Monarquía Social que ofrecemos ha de marcar claramente su compromiso en llevar la legitimidad a sus consecuencias últimas. Quien la encarne ha de ser consciente de lo que conlleva abanderarla.

Que Cristo Rey nos ayude a actuar como instrumentos suyos en la salvación de España.

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