La conclusión de la I Guerra Carlista y la Ley de 25 de octubre de 1839 marcaron
el inicio del proceso que habría de culminar con la abolición de los fueros en
las provincias vascas.El dilema empezó en septiembre de 1839, cuando terminó la I Guerra Carlista. De
repente, tras el alivio que supuso para las Provincias Vascongadas el acuerdo,
firmado en Bergara entre los partidarios de don Carlos y los liberales
representados por Espartero, todo el futuro se presentó lleno de incertidumbre.
Las dudas eran más que razonables. ¿Qué supondría el Convenio de Bergara en la
práctica para los tres territorios históricos? ¿Cómo encajar el régimen foral
con un sistema constitucional que por su propia naturaleza abominaba de
singularidades y particularidades en favor de una homogeneización nacional sin
discusión alguna? La cuestión no era baladí. De entrada, en el País Vasco los
fueros no parecían ser motivo de discusión ni para carlistas ni para los
liberales. Ninguna de las dos corrientes los rechazaba. No se cuestionaban. Sin
embargo, poco a poco, se extendió la certeza de que, más tarde o más temprano,
el sistema foral y el orden constitucional habrían de encontrar algún tipo de
acomodo, aunque en ese proceso el primero de los dos acabara tocado en su ser.
Dicho de otra forma, en 1839 se puso fecha de caducidad a los fueros
vascos.
Liberales vascos
En la Constitución de 1837 quedaba más que claro que no había sitio alguno para regímenes o legislaciones de características especiales. En el artículo cuarto se apuntaba de forma expresa que «unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía», con lo que quedaba muy claro que no había lugar alguno para las singularidades regionales. No obstante, en 1839, la política aconsejó prudencia. La paz -y los compromisos adquiridos para conseguirla- exigieron la no desactivación inmediata de los mecanismos forales. En cierto modo era una deuda contraída con el carlismo. El Convenio de Bergara se había basado en ello. Por otro lado, no era sólo el respeto al acuerdo con los reaccionarios sino que también los liberales vascos, por añadidura el único soporte ideológico con el que contaban los partidarios del nuevo régimen en las provincias del norte, tampoco estaban muy por la labor de desmontar un entramado al que sólo se le podían dedicar parabienes. Indudablemente, realizar el esfuerzo de encajar fueros y constitución era algo más que obligado. El arte de la política lo exigía así.
El primer paso significativo en el que quedó clara la voluntad
conservacionista del sistema foral, además del ánimo de encaje con la
Constitución, se produjo con la aprobación de la Ley del 25 de octubre de 1839.
Fue todo un ejercicio por conjugar lo incompatible, pero que creó el espejismo
de que la singularidad cabía perfectamente en los planteamientos uniformizadores
del Estado. Para ello, se adoptó una fórmula curiosa puesto que «se confirman
los fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra sin perjuicio de la unidad
constitucional de la Monarquía».
Aparentemente, con dicha fórmula todos
quedaban satisfechos, aunque en el fondo no resolvía ninguno de los problemas
que pudieran derivarse de la convivencia entre dos regímenes jurídicos y
administrativos totalmente opuestos. De hecho, la fórmula elegida mostraba tal
incapacidad para ser desarrollada y concretada en medidas de convivencia reales
que fue todo un escándalo que ni siquiera los liberales vascos discutieran o
teorizaran sobre dicha cuestión. No extraña, por ello, que sobre todo para el
nacionalismo la fecha en la que fue aprobada la citada ley, el 25 de octubre,
signifique el fin del orden foral en el País Vasco. Y es que, en el fondo, fue
así.
Uniformidad constitucional
El 25 de octubre de 1839 dio comienzo la última etapa foral para las provincias vascas y Navarra. A partir de ese momento nada volvería a ser como antes, a pesar de que se intentó dilatar su existencia lo máximo posible. Pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Los fueros llegaron hasta 1876. Durante todo ese tiempo se gestó un planteamiento que, entre la novedad y la tradición, se buscaba que fuera del gusto de una burguesía para la que la uniformidad constitucional de la monarquía era una necesidad, además de una oportunidad de negocio, al mismo tiempo que mantenía cierta querencia por una herencia foral en la que se mantuvieran privilegios de carácter más bien administrativo.
Dio comienzo entonces un largo camino en el que el objetivo
era lograr un techo suficiente de autonomía política, fiscal y administrativa
que dejara satisfecha a una burguesía para la que el mercado español era vital.
Por todo ello no ha de extrañar en absoluto que el 25 de octubre sea una fecha
con polémica. La Historia ayuda a entenderlo perfectamente.
Artículo redactado por Imanol Villa tomado de http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20111023/vizcaya/principio-20111023.html
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