Por Ramón Villanueva Boletín Carlista nº 103. Enero 2011. Este Boletín Carlista de Madrid no podía obviar los fastos desarrollados estos días para engalanar el cumpleaños de la nunca ponderada suficientemente constitución; escuchamos en boca de ese nutrido elenco de disfrutadotes y apologetas de la misma unas aserciones tan sólidas y rotundas rayanas al panegírico: una constitución que nos ha hemos dado nosotros mismos, aprobada por todos los españoles, abierta y flexibe, donde cabemos todos… Para apuntalar este rotundo argumentario alabancero se nos esgrime algo tan definitivo como es la larga duración de la presente constitución y, que si las circunstancias públicas no sufren alguna impensable torcedura, superará en longevidad a la de Cánovas. Se ha recreado en los últimos 30 años una paisajística entretejida de bondades por los instalados en las gradas del artificio constitucional que tantas alegrías les ha aportado; bien en forma de jugosas remuneraciones dinerarias sufragadas a cuenta del presupuesto público, que ni por asomo habrían obtenido de su oscura vida profesional; bien invistiéndoles de un status mediático, en competencia con el famoseo de la telebasura, cuando no unos atributos de poder en el exclusivo y excluyente coto político que, a más de uno le ha suplido transitoriamente carencias y conflictos de orden anímico. La maquinaria constitucional ha configurado en este dilatado periodo este escenario privativo de lo que ya viene en llamarse casta parasitaria y que necesariamente está en pugna permanente con la realidad social Las Españas. No es necesario entrar en un proceloso análisis del texto constitucional, para enviar al traste todas las peroratas laudatorias de sus estómagos agradecidos; esta constitución más que abierta y flexible, es un verdadero pozo negro donde cabe cualquier desmán pseudolegal y su contrario: habla del derecho a la vida, pero durante los últimos 25 años han sido exterminados más de un millón de prenacidos; habla de derecho a la propiedad y se han producido saqueos patrimoniales sin cortapisas, habla de una representación popular que sólo rinde cuentas a las organizaciones partitocráticas que los promocionan o habla de unos hipotéticos derechos sociales en un país ccon una de las mayores tasas de pobreza comparativa de entre los países del entorno europeo. Por no hablar de una presunta voluntad popular que lleva lustros sufriendo una afonía crónica de la que parece salir periódicamente con un tratamiento de candidatura cerrada y guardia de cola. La realidad no ya social, sino la verdad objetiva nos señala que esta constitución es el entramado idóneo, de un lado para perpetuar y atiborrar a la referida casta, a la par que para aletargar todo nuestro nervio como un pueblo de raigambre católica, programándonos colectivamente mediante los operantes procedimientos de la ingeniería social. En el Carlismo tenemos todo un corpus doctrinal y jurídico de la constitucional natural e histórica para Las Españas, donde se establece las atribuciones de un Rey legítimo, que reina, gobierna y afronta responsabilidades, que se cuida mucho de perpetrar el desafuero y que vigila activamente los derechos sociales de los más débiles, como siempre ha sido en la Monarquia española; que institucionaliza unos cuerpos sociales con autonomía intrínseca en sus esferas de competencia que le son propias y en donde las personas no son el listado de un censo electoral, sino verdaderos coparticipes; que define la composición libre y representativa de unas Cortes populares y libres, cuyos representantes electos rendirán cuenta a sus electores, fuera de la influencia de cualquier mafia partitocrática; y en donde se vela por mantener la raíz y valores cristianos de las sociedades, como garantes de su permanencia. |
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