Historia carlista|
Una vez finalizada la guerra de los siete años, Espartero dio a conocer un escrito donde se relacionaba el número de carlistas adheridos al convenio de Vergara. Las cifras eran: 22 jefes; 226 oficiales; 3 comisarios; 19 sacerdotes; 20 sanitarios; 14 funcionarios; y 7.482 soldados. La adhesión de estos 7.786 carlistas se produjo entre junio y julio de 1840. Según Alfonso Bullón de Mendoza, el número de carlistas exiliados a Francia era de 26.423. Estos hombres se subdividían en: 18.081 suboficiales, oficiales y artesanos; 4.973 oficiales, jueces, alcaldes, negociantes y estudiantes, 2.385 mujeres y niños; 902 jefes, magistrados y cargos importantes, 35 generales de brigada y brigadieres; 35 generales de división o Mariscales de Campo, gobernadores y jefes políticos; 13 ministros, tenientes generales y obispos. Estos refugiados se instalaron en el sur de Francia. La distribución por poblaciones era: 3.055 en Carcasona; 1.651 en Foix; 1.601 en Grenoble; 2.116 en Montpellier; 1.164 en Tolosa de Llenguadoc; y 1.618 en Balance.  La primera guerra carlista acabó en frente norte, en 1839 con el Convenio de Vergara, un acuerdo alcanzado por Espartero y el general carlista Ramón Maroto. Otro proceder de aquellos carlistas inadaptados, era el secuestro de personalidades importantes para pedir un rescate por ellos. El 9 de febrero de 1841 fueron asesinados, cerca de Santa Coloma de Queralt, Joan Vila, Mariano Pons, Pablo Llobet y Magín Morera. Sus verdugos fueron Casulleras y Marimón. Los ejecutaron por no haber pagado un rescate de 600 onzas de oro. Ese mismo mes de febrero, los Mozos de Escuadra capturaron nueve carlistas, autores de numerosos robos por la comarca del Valles y de la Conca de Llobregat. En marzo de 1841 se produjo una entrada de partidas carlistas por Andorra. Entre los jefes que decidieron volver a España destacamos a: Isidro de Montnegre; Antón Dalgué; Calderer; Ignacio Ros; Francisco Torras; Xic de la Casa Nova; Joan Maciá, Tomas Pey; Casulleras; Patricio Zorrilla y Benito Tristany, entre otros. La Diputación, de las cuatro provincias catalanas, dispuso una serie de normas, obligando a los ayuntamientos a denunciar los casos que ocurrieran en cada pueblo, y a hacer levantar el somatén. Se premiaba la captura de esos individuos con mil reales. Con relación al movimiento de las partidas carlistas por Cataluña y otras regiones de España, en 1838, la escritora George Sand escribió: “los facciosos recorrían todo el país con partidas vagabundas, cortando las carreteras, invadiendo ciudades y pueblos, ocupando incluso las habitaciones más pequeñas; eligiendo como domicilio las casas de recreo hasta una media legua de la ciudad, y saliendo por sorpresa de los agujeros de las rocas para pedir al viajero la bolsa o la vida”. En diciembre de 1841 una partida dirigida por Jaume de la Venta, amenazó al señor Escayola, de Labern, que si no pagaba 6 onzas de oro, lo matarían a él y a su macho cuando saliera del pueblo. Sí, por el contrario, pagaba “no se le dirá nada más, y se le hará un recibo, porque somos una cuadrilla que nos morimos de hambre dentro de una cueva, y veas de hacer este favor”. Esto fue una constante durante esos años. Muchas partidas vivían escondidas en cuevas, sobreviviendo miserablemente y teniendo como único medio de subsistencia el robo, la amenaza y el secuestro. Temeroso el gobierno por aquel aumento de partidas, motivada principalmente por la retirada de la mísera subvención recibida por el gobierno francés, las cuatro diputaciones catalanas publicaron un bando en el cual, “para hacer frente a los excesos de diferentes gavillas de latro-facciosos y de malhechores que se ceban en el robo y el asesinato”, cada miliciano o ciudadano recibiría una gratificación de 60 duros si denunciaba o ayudaba a capturar a alguno de aquellos bandoleros. La cifra variaba según la importancia del denunciado. Así, si alguien denunciaba a Benito Tristany o a José Pons, el Bep de l’Oli, se podía llegar a cobrar entre 600 y 1.000 duros. Esas medidas no fueron tan efectivas como las autoridades hubieran querido y las partidas continuaron actuando por toda Cataluña. La partida que más actuó durante esos años en Cataluña fue la de Ramón Vicens Prada, conocido como Felip. Su reivindicación estuvo enmarcada en un ínfimo movimiento conocido como el levantamiento de los carlistas desairados. La hazaña más importante llevada a cabo durante esos años fue la espectacular acción realizada sobre Ripoll, el 3 de junio de 1842. La partida de Felip estaba constituida por 68 hombres. En un par de horas robaron salvoconductos y papeles oficiales en blanco, el dinero del colector de contribuciones, el del estanco, 15 fusiles y secuestraron a 7 personas. Los secuestraron lograron salvar la vida, pues sus familiares pagaron el rescate.  El general liberal Espartero tras la firma del Convenio de Vergara no dudo en aplicar todos los métodos de represión frente a los voluntarios carlistas Las actuaciones individuales de algunos carlistas fueron constantes durante esos seis años. Los motivos eran la no aceptación del convenio de Vergara y la escasez de capital para poder sobrevivir. Todos ellos se convirtieron en bandidos para malvivir en cuevas. La retirada de la subvención francesa también obligó a muchos a delinquir para poder malvivir. Contrarios a la política llevada a cabo por el gobierno de Espartero, decidieron sobrevivir de cualquier manera, utilizando el robo y el secuestro como medio de vida, antes de humillarse y aceptar una forma de gobierno y una monarquía contraria a aquella por la cual habían luchado. Si en un principio defendieron y estuvieron al lado de Carlos V, cuando el conde de Montemolín asumió los derechos legítimos del trono español, esos mismos hombres continuaron fieles a su rey.
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