Posmodernidad en estado político. En este país estamos construyendo la Historia a golpe de realismo político y de ideología populista bajo la dictadura estética de los eufemismos y la dictadura ética de las emociones. Para gozar de una convivencia pacífica (nuevo eufemismo que desvirtúa una Paz con Justicia), se hace convenientemente necesario ir pasando página (nuevo eufemismo que desvirtúa la responsabilidad personal frente a los actos).

Solemos justificar ideológicamente o por pragmatismo político excesos para disimular y pasar de largo sobre auténticas felonías. El caso es que es muy propio de las ideologías tratar de imponerse a menudo faltando al respeto o faltando a cosas más graves. ¿No resulta sospechoso que queramos adaptar la realidad a nuestras ideas?, ¿no resulta absurdo pretender que algo tan grande, la Realidad, se convierta en medida tan particular y subjetiva?.

Si algo podemos aprender de la Historia contemporánea, es que el hombre moderno y posmoderno se rebelan bajo la confianza en el progreso y la tecnología frente a la naturaleza y frente a la realidad objetiva, tratando de ajustarlas a su ideología o a su interpretación subjetiva, y para ello crea una nueva realidad artificial y paralela a través del lenguaje (eufemístico) y de las emociones, excluyendo toda realidad sustantiva que incomode, comprometa, exponga las contradicciones y las incoherencias, irrite y perturbe la calma del narcisista ideólogo buenista. El hombre posmoderno se justifica a través de las emociones y evita las reflexiones.

El hombre moderno y posmoderno actual es un ideólogo emocional con vocación totalitaria para la ambigüedad, y de culto idolátrico al bienestar. Una criatura que pretende dominar las formas de la naturaleza pero que es incapaz de dominar sus contenidos. Por más razones científicas que pretenda dar a sus emociones, el hombre posmoderno de hoy es un completo ególatra, un narcisista vacuo y un servil hedonista, que vende barata su dignidad por lograr un apacible estado de serenidad.

Desgraciadamente es más fácil matar a una persona que erradicar una mala ideología. Desgraciadamente resulta que está mejor protegida por el Estado la expresión de la pluralidad política que la vida humana. Y digo esto, porque se justifica y se respeta todo, pero ¡ay si de lo que se trata es de proteger una vida humana, y de exigir reparar el daño causado cuando se siega!

Esta es la realidad objetiva que se rechaza: Que para conseguir el cese de la violencia de los terroristas, ha sido necesario dejar de practicar la justicia.

No sólo ha sido una injusticia que asesinos ideológicos (los terroristas) salgan de la cárcel cuando escasamente responden a año por persona asesinada, sino que también es una injusticia que el estado de violencia que ha sufrido España se haya visto favorecido por un Estado español fallido. La omisión intencionada del legislador durante 35 años para consolidar jurídicamente, modificando la Constitución o el Código penal, la proporcionalidad de las penas, al objeto de contar con margen para negociar con ETA, resulta el mayor escándalo a mi juicio, producido en nuestra joven democracia.

¿ES QUE EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS? ¿PUEDE HABER PAZ SIN JUSTICIA? He aquí que respondiendo honestamente a estas cuestiones, hallaremos el carácter inmoral del comportamiento tanto de los terroristas como del Estado. Hallaremos también las claves para cometer un error que reiteradamente se produce en la Historia, el de la gestión de una paz sin haber practicado la justicia.

Imaginemos una Paz en la última guerra mundial sin Tribunal de Nüremberg e imaginemos una Paz como la Versalles sin afán revanchista. Sus consecuencias históricas seguramente hubiesen sido otras. Son dos paces que se gestionaron de distinta manera, dos formas de alcanzar, una exitosa y otra errónea, una paz duradera.

El logro de una paz duradera sólo se consigue a través de la justicia. Las sociedades avanzan tocadas cuando no es así. Esa es la explicación de los traumas no resueltos por los españoles tras la guerra civil, cuando se decidió pasar página sancionando con la impunidad legal a quienes fueron personalmente responsables de crímenes. Franco gestionó una victoria durante casi 40 años con una dictadura militar, y la izquierda española una revancha por otros tantos años con una dictadura eufemística.

No se han analizado en profundidad las auténticas felonías cometidas por ambos bandos, ni tampoco juzgado la violenta y perversa aplicación de las ideologías reaccionarias, de tal manera que ridículamente la extrema izquierda y el nacionalismo son hoy agentes democráticos, y los que no nos sometemos a la dictadura de este eufemismo somos agentes de la venganza, del rencor y del fascismo. Estos son los amargos frutos de una transición política que gestionó una paz sin justicia, una paz del pasar página.

Soy jurista, y no voy a detallar los aspectos técnicos de la sentencia, porque de sobra es sabido, que no hubo defensa de la doctrina Parot en la sede del Tribunal ni tampoco voluntad política de que la hubiera. Esta sentencia cargada de razones de técnica jurídica (la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales) choca con otras razones de justicia material (como la exigencia de responsabilidad conforme a la proporcionalidad entre la pena y el daño causado). La jurisdicción de este Tribunal Europeo (que no de la Unión Europea) tiene alcance limitado, porque no ejerce dicha jurisdicción en base a una cesión de la soberanía española (artículo 93 CE), sino en base a una adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos que se realizó sin cesión de competencias soberanas (artículo 94 CE). Tiene reconocimiento en España como instancia judicial pero ni única ni suprema en materia de interpretación de derechos fundamentales, pues es el Tribunal Constitucional el único y supremo intérprete de la Constitución, y éste determinó reiteradamente, junto al Tribunal Supremo, la exigencia de proporcionalidad de las penas, con carácter retroactivo porque hizo prevalecer este principio de justicia material sobre una interpretación literal de la norma penal, que con ambigüedad intencionada trataba del cómputo de la pena.

Un episodio que demuestra la pervivencia del conflicto entre positivistas y iusnaturalistas, entre un Derecho asentado en la convención legal y democrática, que al final es conveniencia política, y el Derecho asentado en la justicia material no como principio programático sino como principio jurídico, es decir, vinculante. Es vergonzoso que quienes defienden a ultranza el cumplimiento de la legalidad (que aquí es formal)a través de la ejecución de esta sentencia, sean los mismos que salgan a las calles denunciando su rebelión frente al cumplimiento de la legalidad de un gobierno que no han votado, sin autoridad para quienes lo votamos, pero legítimo para nuestro ordenamiento jurídico.

Pragmatismo político es esa pésima política consistente en alcanzar a toda costa la convivencia pacífica y el crecimiento económico. El caso es que en mi conciencia, quizás también en la suya, encuentro algo que opone gran resistencia a todo esto. Cómo dejar pasar y cómo perdonar si aquí nadie pide perdón y nadie repara como es debido el daño causado, cómo puede valer una vida humana menos de un año de prisión.

No sólo de pan vive el hombre, y por ello no lo olvidamos ni le perdonamos, señor Rajoy. Cómo puede pretender una Paz sin practicar la Justicia. Le digo, con mal andar y poco recorrido. Una paz conseguida así es cual higuera que no da fruto, estéril y maldita.

Sin Justicia todo Estado es Estado fallido. No hay verdadera Paz sin Justicia, ni verdadera Justicia que no implique caridad. Pero cómo ejercer una justicia caritativa si no hay arrepentimiento, si hay engaño y si hay un trato absolutamente obsceno hacia las personas corrientes, a las que toca volver a ver por cierto, a antiguos asesinos y violadores en sus calles, no reinsertables. Este ha sido el enorme precio que paga el pueblo español por la convivencia pacífica, que es en realidad la tranquilidad para sus políticos, porque son ellos los únicos que mejoran en su calidad de vida.

Es esto lo que les acusa, que han comprado a ETA la paz corporativa al costoso precio de la pérdida de la confianza de los españoles en su Estado de Derecho. La torpeza ha sido supina.

Normal que temamos el odio que genera esta paz pactada, esta convivencia pacífica impostada, esta mala práctica de gobierno y este Estado exitoso cuando recauda, pero fallido cuando imparte justicia. Quizás los españoles hemos comprendido que aquí ha vencido el miedo (a arriesgar la vida, a padecer exclusión social) y no la justicia; que con el Miedo triunfante, todo se hace posible.