Hace poco más de un año que se celebraron las elecciones generales que dieron al Partido Popular una cómoda mayoría en las Cortes Generales y que les llevó al Gobierno.

En ese momento la situación económica del Estado y de la Sociedad en su conjunto era realmente desastrosa, con las cuentas públicas totalmente desequilibradas, la mayor tasa de desempleo de Europa (23,1% en diciembre de 2011 según Eurostat), máximos históricos de quiebras y cierres patronales, el consumo cayendo en picado, reducción acelerada de la renta familiar disponible, endeudamiento de familias y empresas en cifras récord, tasas de mora crecientes, etc.

Los votos dieron al Gobierno de Mariano Rajoy un cheque en blanco para que hiciese frente a una situación de emergencia nacional y, sin embargo, el mismo equipo político que día tras día denunciaba las ineficaces medidas de Rodríguez Zapatero, ha engañado a sus votantes cínicamente consiguiendo en un año hundir el barco definitivamente.

Y ello debido a tres razones principales:

1º. El cálculo partidista por el cual, en lugar de obrar rápidamente, se ha pospuesto la adopción de determinadas medidas a la coyuntura electoralmente más beneficiosa.

2º. La negativa a replantearse todos los errores políticos e ideológicos del sistema, y que son los que verdaderamente mantienen lastrada la riqueza del país.

3º. Dentro de estos errores ideológicos está el de perseguir como fin absoluto un crecimiento económico que atropella a personas y familias, en lugar de buscar como principio fundamental un equilibrio económico entre familias y el resto de sectores, que es lo que determinaría la prosperidad general.

La realidad que hay que afrontar es que el sistema político español, desde 1978, ha sido un proyecto ideológico vacío necesitado de ingentes recursos materiales para su autoperpetuación. Para pagarlo, la oligarquía partitocrática ha desmantelado sectores industriales y productivos enteros; ha aumentado progresivamente los impuestos; ha entrado en las Cajas de Ahorro -como en una nueva desamortización- agotando la riqueza popular acumulada en ellas para dispendios faraónicos dictados por la ambición política, y finalmente arruinándolas; ha endeudado sin freno ni escrúpulos al Estado hasta el billón de euros que debemos hoy (sin contar la deuda de las Comunidades Autónomas); y además ha alentado irresponsablemente una burbuja inmobiliaria que cuanto más endeudaba a las familias, más engordaba al Fisco.

Esta situación crítica ofrecía una oportunidad para corregir los tremendos errores que nos han llevado al borde de la bancarrota, afrontando reformas estructurales de calado, pues la crisis económica no es sino, como tantas veces hemos apuntado, el afloramiento de errores de fondo que han infectado a Occidente, en general, y España, en particular.

Por el contrario la casta político-financiera del Gobierno de Mariano Rajoy, que inexplicablemente aún aparece social, política y penalmente como irresponsable, ha decidido aumentar los impuestos, reducir salarios, congelar pensiones, disminuir garantías sociales y laborales, introducir el copago farmacéutico, cargar sobre la factura de la luz el aplazamiento de la deuda con las compañías eléctricas (proveniente de la incompetencia del Gobierno de José María Aznar), retirar ayudas y subvenciones necesarias mientras se mantienen las absurdas y superfluas, introducir nuevas tasas judiciales, y un indignante y largo etcétera.

Ni una palabra, ni un gesto, para reducir el tamaño del Estado suprimiendo Ministerios que invaden competencias de la sociedad; o para recortar autonomías artificiales, o suprimir empresas públicas, o coches oficiales, o dietas fraudulentas, u órganos superfluos; o para plantearse la prioridad de las misiones internacionales de paz del Ejército, o la conveniencia de la plena participación en las políticas comunes de la Unión Europea. La oligarquía político-financiera no quiere mas que apuntalar el sistema político con sus autonomías en bancarrota y mantener la política clientelar de ayudas y subvenciones.

Una gran parte de la Economía española, que no sabe vivir de otro modo, depende del poder político, que necesita a su vez seguir manteniéndola para asegurarse el ejercicio de dicho poder. Por eso, en lugar de frenarse, el gasto público ha crecido durante 2012 un 9,1% según datos de septiembre, dejando el déficit público en el 8,4% en términos de caja. El Estado transfiere nada menos que el 22,7% de su Presupuesto a las Comunidades Autónomas, y no contentos con eso aún se pone a disposición de ellas otros 23.000 millones de euros -ampliables, según exasperante matiz de Mariano Rajoy-, todo ello sacado de los recortes sociales anteriormente mencionados.

Aún más, para tapar los agujeros que no pueden cubrir los improvisados recortes, el Estado se endeuda en 60.000 millones de euros más que nuestras maltrechas arcas públicas no podrán devolver a su vencimiento, ya en 2013, y se ve precisado a tomar prestados 100.000 millones de euros más de la facilidad concedida por Europa para financiar a la banca bajo condiciones draconianas (Memorando de Entendimiento) que sufriremos a lo largo del año. El espectáculo nos deja atónitos: el Presidente del Gobierno vende a sus votantes como un triunfo haberles endeudado para el resto de sus días.

Ante este panorama de brutal endeudamiento con el que se ha hipotecado de por vida a generaciones enteras, y ante la descapitalización de la Economía nacional, recordamos algunos puntos del programa político, apartado económico, de la Comunión Tradicionalista Carlista:

15.1. La CTC defiende la libertad de actuación de las personas y grupos en la producción de la riqueza. La libertad debe de estar regulada por leyes morales.

2. La intervención del poder en la actividad económica debe limitarse a garantizar esa libertad impidiendo las prácticas abusivas de los poderosos (monopolios etc.).

3. Es necesaria una drástica y pronta reducción del aparato administrativo que gravita sobre nuestra economía.

4. Es necesario potenciar la construcción de centrales nucleares para lograr un mayor autoabastecimiento y abaratamiento de la electricidad. También reconsiderar, con criterios económicos, el aprovechamiento de las energías eólica y solar.

5. El Gobierno debe apoyar a las PYMES sobre todo en sus conflictos con las multinacionales.

6. La moneda circulante debe ser metálica o billetes que representen depósitos de metal precioso.

7. Se deben dar los pasos conducentes para que España recupere un atributo de su soberanía que ha perdido: la emisión de moneda.

8. Se debe dar mayor protagonismo a las sociedades de carácter personalista.

   9. Es injusto imponer a los españoles cargas tributarias que no hayan sido aceptadas por las Cortes o Juntas correspondientes. Salvo casos excepcionales, como la defensa militar.

Y además, proponemos:

- Reducción drástica del tamaño y número de las Comunidades Autónomas que no puedan financiar sus competencias por sí mismas. Que el Estado recupere los servicios y competencias que las primeras no puedan pagar.

- Introducción inmediata del principio "Ningún impuesto sin el consentimiento de los representados", lo que a largo plazo sólo podrá ser efectivo suprimiendo la representación a través de partidos políticos. Buscamos de esta forma que, en lugar de fijar el déficit como objetivo, se fijen los ingresos del Estado, de forma que no se dé carta blanca a los políticos para gastar como y cuanto quieran hasta el límite de déficit.

- Exigencia de responsabilidades penales a todos los políticos que han formado parte de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro quebradas o desaparecidas.

- Repatriación, en el tiempo que la prudencia y los compromisos adquiridos lo precisen, de todos los contingentes militares en el extranjero.

- Revisión de los criterios adoptados para calcular el denominado déficit tarifario.

- Supresión de ayudas y subvenciones absurdas a colectivos que persiguen objetivos particulares y mantenimiento únicamente de las necesarias en materia de salud y educación.

- Supresión de televisiones autonómicas, coches oficiales, dietas parlamentarias y auditoría estricta de la gestión de todos los cargos políticos por parte de órganos verdaderamente independientes, con exigencia de responsabilidades penales, en su caso.

- Supresión inmediata del sinsentido de las tasas judiciales.

- Supresión absoluta de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y fundaciones de unos y otros.

- Reducción de embajadas y consulados.

- Supresión de duplicidades administrativas en general, como Defensores del Pueblo autonómicos, instancias de Consumo autonómicas, Consejerías regionales, cuyas competencias serían asumidas por el Estado, etc.

- Fijación de un tipo máximo legal para las operaciones de préstamo y crédito por parte de la banca.

- Potenciación de las competencias de los organismos supervisores e instancias arbitrales en materia económica y de protección de los consumidores (Banco de España, DGSFP, etc.) dotándoles de plenos poderes para actuar de oficio y tipificando con claridad las conductas sancionables de entidades financieras y grandes empresas, y las penas económicas correspondientes.

- Limitación estricta para el futuro de compromisos de endeudamiento público, con introducción de tipos penales en caso de vulneración de los mismos.

Estas medidas no son sino las más urgentes para poder enderezar el rumbo de la economía española.

Necesitamos, en fin, un Gobierno que asuma su responsabilidad y que deje de echar la culpa a los demás, que busque el equilibrio económico por encima del beneficio de los prestamistas internacionales o de sus socios extranjeros.

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