Historia|

La sanidad carlista: De la historia al futuro. Por Carlos Pérez- Roldán Suanzes
Madrid, 01/03/2013
Imagen: El hospital carlista de Iratxe en la III Guerra Carlista
El carlismo como experiencia política histórica ha tenido soluciones prácticas para todas las necesidades de la comunidad política. La sanidad no ha sido una excepción al interés del carlismo por subvenir a las necesidades planteadas desde el terreno social. 


Sin embargo la experiencia que el carlismo ha aportado a la sanidad ha sido una experiencia limitada y circunscrita a circunstancias políticas e históricas concretas, más exactamente podemos decir que en materia sanitaria el carlismo sólo ha aportado soluciones válidas en el contexto de los conflictos bélicos. 

No cabe duda que el tradicionalismo español fue novedoso en su tiempo al implantar un sistema sanitario protagonizado por las margaritas. Así en la tercera guerra carlista la implantación de los hospitales de campaña, la intervención de voluntarias femeninas, y la instauración de una amplia red de hospitales principalmente en el territorio foral navarro, las provincias vascas y el principado de Cataluña se puede considerar como un auténtico precedente de instituciones internacionales como la Cruz Roja.

Igualmente en la Cruzada de Liberación de los años 1936 a 1939 la aportación carlista fue decisiva para la atención sanitaria de los heridos en el conflicto fraticida. Así hospitales como el de Alfonso Carlos en Pamplona han pasado a la historia sanitaria española como un esfuerzo común para subvenir a las necesidades sanitarias de los miles de soldados que voluntariamente participaron en una guerra que tanto por el tipo de conflicto, por su carácter internacional, por las novedades técnicas utilizadas y por la dureza de las condiciones en que se desarrolló generó una importante necesidad sanitaria tanto por el número de heridos, como por la gravedad de sus lesiones.

No obstante el carlismo nunca ha tenido la necesidad de desarrollar una estructura sanitaria en periodos de paz. Si bien es cierto que el sistema sanitaria y de seguridad social desarrollado en España desde la década de los 40 del pasado siglo gozó con la contribución tanto en su inspiración como en su desarrollo de las doctrinas tradicionalistas que veían en la sanidad pública y en las prestaciones sociales una forma de realización práctica de su sociedad ideal caracterizada por la organización común de los recursos públicos para la consecución de la justicia social, sin embargo no fue el carlismo el responsable directo de la implantación y desarrollo de estos sistemas de protección social.

Indudable igualmente son los grandes avances de la política sanitaria y del sistema de seguridad social desarrollados en España principalmente en las década de los años 40, 50 y 60 del pasado siglo, avances que sin variación sustancial se han mantenido hasta el día de hoy, pues básicamente tanto las estructura sanitaria como las prestaciones sociales no han sufrido la necesaria adaptación a los tiempos presentes, produciéndose únicamente una variación administrativa en cuanto a los organismos gestores de dichos servicios, y a las competencias administrativas en la gestión, sin que los servicios hayan sufrido variaciones importantes.

En este contexto es donde hay que situar la actual crisis en el sistema sanitario y de prestaciones de seguridad social (principalmente en materia de jubilaciones) donde el cambio de la realidad social, con un importante crecimiento de la población anciana, disminución de la natalidad, ampliación de la edad media de vida, y la incorporación de técnicas diagnósticas, paliativas y terapéuticas sumamente costosas han determinado que las viejas formas de financiación sanitarias resulten insuficiente en un entorno de alta tecnificación de los servicios, y de concesión de los mismos con grandes estándares de calidad.

En los últimos treinta años se ha reducido la prestación sanitaria y la protección social al pago de prestaciones económicas y realización de prestaciones sanitarias, por lo que el carlismo tiene que abogar por la explotación legislativa y social de otros campos posibles como el reforzamiento de la familia como máximo exponente de la protección social, o el impulso adecuado de sistemas privados de previsión social y sanitaria configuradores de un sistema mixto de protección, con la principal ventaja de la responsabilización del usuario del sistema en la gestión y realización práctica y posible de su futuro en materia de prestaciones sanitarias y protección social.


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